El 23 de febrero cientos de miles de personas se manifestaban en España convocadas por la Marea Ciudadana bajo el lema “por la democracia, la libertad y los derechos sociales”. El próximo 10 de marzo la ciudadanía volverá a las calles, convocada por la Cumbre Social, gritando “contra el paro y la regeneración democrática”, en una semana de protestas de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y un crisol de organizaciones sociales (Alter Summit) que se manifestarán “contra la Europa de los mercaderes”.
Todos esos lemas resumen la indignación de las ciudadanía, que sufre recortes de servicios públicos y del sistema universal de proteción social; aumento del desempleo, reducción de salarios y deterioro de las condiciones de trabajo; y un trato injusto frente a tanta corruptela, fraude, despilfarro y malas prácticas que corroen las cúpulas del PP, de la CEOE o de varias empresas del Ibex, sin sanción y cambios legislativos reparadores.
Si la corrupción, despilfarro y fraude son pecados que tienen una mayor intensidad en los países del sur y este de Europa, no pueden servir de coartada para que los gobiernos del norte se desentiendan de su corresponsabilidad en la crisis económica y el deterioro de las condiciones de vida en toda la Unión. La CES y el Alter Summit reclaman una mayor justicia social, el fortalecimiento del Estado del Bienestar y la derogación del Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento, que con su receta dogmática de austeridad y competencia salarial está precipitando a los trabajadores de toda Europa a un foso de pérdida de calidad de vida, incierto porvenir y desigualdades crecientes.
26 millones de parados; políticas que destruyen empleo y aumentan la concentración de la riqueza, la emigración y el miedo; una desigualdad en la renta familiar media que supera la relación 1:10 entre la región más pobre y la más rica de la UE; unos salarios mensuales que van de los 300 € a los más de 100.000 para algunos profesionales; un peso cada vez mayor de las rentas del capital frente a los salarios; y un 23% de población en el umbral de la pobreza, frente a un 3% que pertenece a la casta de los millonarios. Estos son los datos del malestar que recorre Europa, y para los que no hay respuesta adecuada en las instituciones comunitarias y en los gobiernos nacionales.
El rescate bancario en Europa, que ha costado más del 13% del PIB de la UE ha incorporarado leña a la hoguera, pues se han cubierto los riesgos de los prestamistas, que se beneficiaron del boom especulativo, con deuda pública de la que responden los contribuyentes europeos. Y en el caso de España, no solo hemos socializado las pérdidas del sector financiero, sino que hemos blindado sus créditos al sector público, pues intereses y amortización de sus préstamos están garantizados por la Constitución, caiga quien caiga, aunque para hacer frente a esos pagos se tengan que poner a la cola proveedores, cerrar servicios públicos, reducir dráticamente las prestaciones sociales y malvender o privatizar el patrimonio público.
Es inmoral exigir la garantia del pago de la deuda (en España, 40.000 millones de intereses al año y más de 300.000 millones que habrá que amortizar para cumplir el objetivo del 60% de deuda sobre el PIB que exige el Tratado de Lisboa), cuando las políticas de austeridad impuestas por Bruselas hacen imposible que ese coste se cubra sin deterioro de las condiciones de vida de la ciudadanía. Quitas y reestructuración de la deuda en algunos países; mancomunar la garantía de los depósitos, homogeneizar y elevar la fiscalidad directa y tasas que penalicen las transacciones especulativas; eurobonos, transferencias a las regiones con elevado desempleo y BCE que preste a Estados, son reformas imprescindibles si queremos evitar que la zona euro explosione.
Estas exigencias son las que que la ciudanía reclama al gobierno español, para que las defienda en las reuniones del Consejo Europeo, aunque buena parte de los problemas que tenemos son responsabilidad exclusiva de nuestros gobernantes. El desprestigio y la pérdida de confianza en las cúpulas de los partidos mayoritarios es de tal magnitud que fortalecer la democracia exige, a estas alturas, una reforma constitucional y legislativa que satisfaga las aspiraciones de cohesión social, de participación ciudadana, de vínculo contractual de las promesas electorales, de transparencia y control de la gestión pública y de los partidos políticos, de separación de poderes o de ausencia de privilegios en las instituciones públicas.
Para nada de todo esto hay que pedir permiso a Europa, aunque sea de interés comunitario cómo lo resolvamos, pues de la calidad democrática de cada uno de los países de la UE depende el bienestar y la cohesión social de toda la Unión. Las recientes elecciones en Italia, como antes en Grecia, Francia o Portugal o las próximas en Alemania son de interés colectivo, no sólo porque sus resultados afectan a la prima de riesgo o las expectativas de empleo en teceros países, sino porque son esos gobiernos los que finalmente negocian en la Comisión Europea las reglas de juego que imperan en un espacio sin fronteras para las mercancias, los capitales y las personas.
Legislar por fanáticos del neoliberalismo o bajo la presión de sospechosos de corruptelas y nepotismo, sean del país que sean, no augura nada bueno para la ciudadanía, ni en Alicante, Madrid, Bruselas o Berlín.
Clemente Hernández. Exprofesor de Economía de la Universidad de Alicante
y miembro del Comité de Coordinación y del Comité Científico de ATTAC-Alacant.
y miembro del Comité de Coordinación y del Comité Científico de ATTAC-Alacant.
Publicado en el Diario Información, el 5 de marzo de 2013.